AMIPCI aboga por una Agenda Digital

Los resultados del Proyecto de Homologación Normativa en materia de las TI evidencian que hay mucha tarea si se quiere un verdadero marco legal y, de paso, dar certeza jurídica a los usuarios y las transacciones en la red

Por Eduardo Banda Olivares

A diferencia del salvaje oeste, donde las leyes brillan por su ausencia, el mundo donde gravitan las Tecnologías de la Información (TI) de México se encuentran envueltas en un maremagno que auspicia una gran diversidad de vacíos jurídicos, diferencias de criterio e incluso contradicciones entre los ordenamientos -producto de la meteórica velocidad a la que evolucionan- y que bien empleadas, podrían ser uno de los motores de desarrollo para la sociedad en todo el país.

Consientes de esta complejidad, la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) se dio a la tarea de realizar el Proyecto de Homologación Normativa en Estados y Municipios en materia de las TI, cuyos resultados –presentados este miércoles 1 de agosto- evidencian que el cuerpo que norma en entidades y municipios tienen mucha tarea por delante para que, primero sea un verdadero marco legal para las TI y segundo, dé certeza jurídica a los usuarios y las transacciones a través de la red de redes, que no está de más señalar, según los estimados de Manuel Tamez, presidente de la asociación, representan el 12 y 13 por ciento del total del comercio, esto es, poco más de 46 mil millones de pesos (mdp) y que cada vez ocupa una posición más predominante –concentrada en el turismo y más recientemente en la banca-.

Poniéndole orden al caos on line

Desde 2008, y al auspicio de la Secretaría de Economía y Banco Mundial, quienes orquestan el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft), la AMIPCI desarrollo el estudio en tres etapas:

La primera, una investigación exhaustiva de los marcos legales en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal (DF) en aras de identificar las iniciativas y la forma en que se relacionan y regulan a las TI, cuya responsabilidad recayó en CGPMS Consultores, encabezada por Carlos Ponce, quien detalló que de los 14 mil 912 ordenamientos que se pusieron bajo la lupa, sólo el 38 por ciento -5 mil 736- se refieren a alguna de las 126 keywords que se tomaron de referencia para poder realizar la investigación.

“Eso –apuntó- no significa que se haya encontrado una intención explicita de los cuerpos legislativos por actualizar la calidad regulatoria de las TI”.

“Es –añadió- solamente una referencia cuantitativa que, por si sola, no refleja la importancia normativa que merece el tema”.

A esta heterogeneidad –abundaría- se suma la falta de comunión que existe en las agendas digitales a nivel federal y local, así como en su sistema de planeación democrática, factores que “no favorecen el desarrollo de la innovación de la industria de las tecnologías de la información, ni la reducción de la brecha digital, y tampoco favorece las transacciones o la certeza jurídica de los actos realizados en el entorno”.

Por ello, además de aclarar que homologar debe ser comprendido como una armonización, la cua,l bien pude ser realizada por un “copy-paste útil” en la que prime la cooperación de las 32 entidades, en cuyos casos destacan:

  • Colima.
  • Chiapas.
  • Morelos.

Así, concluye que de inicio las propias constituciones estatales se deben adecuar con miras a que los tres poderes de la Federación –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- cuenten con atribuciones para promocionar el desarrollo y uso eficiente de las TI, que a su vez, permitan –citando las conclusiones del Proyecto- operar en las siguiente categorías:

  • La contratación en línea y el comercio electrónico.
  • Gobierno y TI.
  • Seguridad de la información.
  • Delitos informáticos y cómputo forense.

Los beneficios que en el largo plazo traería –además de la detonación en la llamada Economía Digital- su buena implementación y adaptación, permitiría a los tres poderes expedir agendas o programas sectoriales para las TI, emitir decretos o acuerdos que estimulen el crecimiento de las contrataciones on line, reconocer el valor de las firmas, certificados y expedientes digitales; proveer estímulos fiscales para el desarrollo del sector.

Además, de permitir la creación de infraestructura para la conectividad, la emisión –por parte de los municipios- para la seguridad informática, tramitar juicios en línea, estimular el uso de las herramientas tecnológicas por parte de notarios públicos y agentes de la intermediación civil; así como prever las reglas para la seguridad informática y reconocer las operaciones a escala interestatal –transfronterizo-.

“La explosión está por venir”

La parte intermedia del proyecto, consistió en elaborar una base de datos en línea en la que se incluyen todas las disposiciones legales en la materia, cuya finalidad es que los servidores públicos de todos los niveles la ubiquen como una herramienta además de informativa, para la elaboración y diseño de modelos normativos, a través de los cuales se mejoren –simultáneamente- las prácticas y datos de referencia para homologar los trabajados en las entidades.

Como parte de la tercera etapa, se lanzó un curso de capacitación en línea para que todos los servidores públicos –federales, estatales y municipales-, legisladores y académicos reciban una capacitación en materia de gobierno electrónico, contrataciones en línea, seguridad informática, ciaberdelitos y cómputo forense.

En ese sentido, Tamez no duda en asegurar que México ya se ha posicionado y –remata- que es cuestión de tiempo para que “detone” y sobrepase los estimados.