Columna «Artículo Transitorio»: Periodistas asesinados, rating o una víctima más…

Es lamentable escuchar con más frecuencia que un colega periodista, corresponsal o investigador del crimen organizado es asesinado. La denuncia sobre esta creciente inseguridad laboral es una acción que por años viene realizado el gremio hacia el Gobierno, aduciendo la falta de garantías en materia de seguridad hacia los profesionales que trabajan en el ejercicio de la verdad.

La situación de periodistas asesinados ha ido en aumento como lo está siendo la corrupción en todo el país. El narcotráfico participa o cada vez es más visible, cogobernando con administraciones estatales y municipales, quienes aceptan esta participación a cambio de seguridad o para disminuir las amenazas que reciben de los cárteles.

Si hacemos algo de historia, a partir del Gobierno de Vicente Fox, cuando su administración sacude el avispero para iniciar la captura de los líderes del narco, se comienzan a destapar las cloacas del contubernio Gobierno – Narcotráfico, mismo que fue materia para el periodismo serio, de investigación y del sensacionalista.

El aumento de la presión del Gobierno de los Estados Unidos hacia México por la lucha contra el crimen organizado se dio en la administración de Felipe Calderón. De esa administración hasta la actual, se destinan millones de dólares para estrategias como la llamada «Rápido y furioso«, la cual tenía la intención de ir contra “El Chapo” pero sirvió para ser un brazo operante de las agencias norteamericanas de seguridad en nuestro país.

Hoy está de moda la extradición de los líderes de los cárteles mexicanos a los Estados Unidos, no porque tengan cuentas pendientes en aquel país, sino porque la extradición les da el derecho a los gringos de acceder al dinero y a las cuentas de los capos. 

A estas alturas, el tema de la denuncia periodística sobre la corrupción de los gobernantes, vía narcotráfico, ha tomado diferentes vertientes. En estas historias los únicos afectados directamente han sido los periodistas ya que son el vehículo para sacar a la luz la información de unos grupos hacia otros, siendo también los generadores del rating y ventas de las empresas de comunicación que día a día nos venden las capturas de los capos más buscados.

El protagonismo de los cárteles y de algunos comunicadores, aunado a los buenos dividendos económicos que les dejan a las empresas de comunicación las noticias que tienen que ver con el narcotráfico, se han convertido en un juego entre el dinero, la ética y la muerte.

Si analizamos con detenimiento la información que nos ofrecen tanto los medios tradicionales como los 2.0 (digitales), observamos que desde hace algunos años las notas del narcotráfico son las más importantes y vendibles. Hay un seguimiento y periodicidad de la información, misma que el crimen organizado va suministrando. Los cárteles cada vez desarrollan un marketing más elaborado y con el cual van apareciendo en escena: “La Familia”, “La familia Michoacana”, “Los Zetas”, “Los Caballeros Templarios” y los del “Cártel Jalisco Nueva Generación”, por mencionar solo algunos.

Tanto ha sido el éxito mediático, pero sobre todo psicológico de los grupos del crimen organizado que hace unas semanas, en las redes sociales, se dio a conocer un grupo de “juniors” pertenecientes a universidades privadas que se hacen llamar “Los Centinelas”. Ellos se organizan para golpear a otros estudiantes, grabando las golpizas y dándolas a conocer en la red. Esta versión barata de lo que es un cártel únicamente nos deja ver que la violencia trasmitida como historia de éxito genera imitación en la sociedad.

Retomando nuevamente la historia. En 2010, la captura del capo llamado la “Barbie”, Edgar Valdez Villarreal, se convirtió en un gran show mediático para el Gobierno en turno, mismo que fue aprovechado por los medios de comunicación para crear y recrear estas infinitas historias de vaqueros modernos las cuales han generado en los últimos años toda una industria de la información y del entretenimiento, refiriéndonos a la venta de música (narco corridos), de ropa, juguetes y de artículos varios, además de haber impactando hasta en el séptimo arte con la saga “El escape del Chapo I y II”.   

Los dueños de los medios de comunicación, que normalmente no son periodistas ni comunicadores de profesión, han aprovechado la gran cualidad, pero a la vez, debilidad de muchos periodistas de investigar, preguntar, buscar e indagar sin detenerse hasta encontrar la verdad de los hechos. Es como una droga el que te presenten un tema para ser publicado y no dejes ni un momento de investigar por todos los medios hasta ir armando cabos y tener una respuesta sensata.

Lamentablemente, esa pasión desbordada de los colegas por buscar nuevas historias en un recetario de cocina escrito por el Narco – Gobierno los coloca en una situación de gran peligro en donde la impunidad y la corrupción, en ambas esquinas, van de la mano.

Pero esto no exime a los periodistas del ir más allá en busca de la noticia de “ocho columnas”, a sabiendas de que se están metiendo en un terreno más que espinoso, investigando la colusión del Gobierno con el narco y viceversa.

A qué voy con esto, pregunta que dejo en la mesa.

¿A los ciudadanos de a pie nos interesa saber más allá de la captura de un narcotraficante, de un cártel, etc.?

Aquí la línea para cruzar no es delgada, es tan gruesa como el deseo de trascender en un tema que antes era nota roja y hoy es rating para los medios de comunicación.

Hay colegas especialistas o investigadores en los temas del crimen organizado, cuya principal fuente son funcionarios cercanos al narco o los mismos narcotraficantes que filtran información de sus adversarios para comenzar la cacería. Es importante hacer la denuncia mediática pero no de una historia periodística. En estos casos tan delicados, debe existir una denuncia formal, hecha por un funcionario, un civil u otra persona que manifieste el hecho para que después la investigación periodística tenga un sustento legal y con ello, el periodista esté un poco más protegido de lo que vaya investigando y difundiendo en el camino.

Meterse en temas del narco conlleva a un peligro inminente, se acrecienta aún más cuando se es informante directo, labor que realizan los periodistas de esta fuente. Con qué garantías cuenta el periodista cuando investiga un tema en el cual los buenos son malos y los malos se hacen pasar por buenos.

En 2012 se publicó la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y se creó en la Secretaría de Gobernación un mecanismo, con el mismo nombre de la Ley, que se encarga de implementar y operar las medidas de prevención, de protección y urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de los periodistas.

En voz de colegas que cubren el medio del crimen organizado, el mecanismo y la Ley no están siendo efectivos, ya que solo son reactivos ante los sucesos.

¿Qué sucede cuando el periodista ya sabe mucho?, pues el informante, con toda la impunidad que permiten las autoridades de este país, lo manda a callar. Entonces el periodista se convierte en el coprotagonista de la historia sin fin. Muere y se convierte en nota momentánea, no tan relevante como cuando atrapan a un sicario. Después los reclamos del gremio por falta de seguridad se diluyen tras una nueva nota de otro cártel y “next”, entra a la escena otro periodista para seguir con el libreto.

¿Hasta dónde es obligación del Gobierno salvaguardar la integridad de los profesionales de la información, en aras de la libertar de prensa? 

Cubrir la fuente del narcotráfico es como ir a una guerra, ya que el informante se encuentra todo el tiempo en un sitio de violencia, con gente violenta, armada y con la única defensa de ver, oír y describir la realidad.

En una guerra el Gobierno, a través de sus áreas de Comunicación Social, cuenta con periodistas militares, entrenados para emitir la información de un conflicto armado. Los periodistas que son enviados por los diferentes medios de comunicación a una guerra van por mutuo propio. No son responsabilidad del Gobierno siendo que los militares y marinos van a pelear o a repeler, no a cuidar civiles.

Sabemos que la información proveniente de las fuentes gubernamentales en su mayoría viene “rasurada” o con un sesgo a favor del Gobierno, pero es más importante que los periodistas hagan un análisis a profundidad del porqué se desató una guerra, cuáles son las implicaciones políticas y sociales, etc., que traernos las imágenes de la masacre, de los bombardeos y demás escenas que solo generan morbo.

La cobertura del crimen organizado es muy similar al de la guerra. El Gobierno tiene sus áreas de comunicación en las policías municipales, estatales y federales. Interviene también el ejército y la marina, estas dos últimas instancias tienen personal entrenado para realizar una cobertura profesional desde puntos estratégicos, en donde puedan estar lo menos vulnerables a la violencia.

Tan lejos ha llegado la irresponsabilidad de los dueños de los medios de comunicación privados por enviar a periodistas civiles a obtener mejor información e imágenes de los cárteles que el de las instancias gubernamentales, que algunos cuentan con equipos de cabildeo para liberar a sus empleados cuando estos son “levantados” por el narco.

Pero no siempre la negociación es exitosa, así que el siguiente paso es que las empresas levanten la voz sobre la muerte de su empleado periodista para hacerse notar y después se quedan calladas. No apoyan jurídica ni mediáticamente a los deudos, los olvidan. El periodista de un medio de comunicación particular no recibe capacitación, no cuenta con prestaciones, seguro de gastos médicos mayores ni de vida para él y su familia.

En fin, la responsabilidad de la sociedad es exigir a los legisladores y al Gobierno que se minimice la difusión del tema del crimen organizado en los medios de comunicación tradicionales y digitales. Primero, para que no siga siendo foro de los narcotraficantes e influencia para niños y jóvenes. Segundo, para crear la cultura de la denuncia formal hacia la corrupción de los gobiernos coludidos y con ello las investigaciones periodísticas lleven un sustento legal que los proteja. Y tercero, para que las empresas de comunicación aseguren a sus empleados y les den todos los apoyos a sus familiares en caso de muerte.

Artículo transitorio.

Primero.- Exigir a los Diputados Federales el crear un articulado en la Ley Federal de Radio y Televisión para regular los contenidos que se trasmiten en los medios de comunicación nacionales.

Segundo.- Por mientras, aplicar el artículo 9, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, que mandata a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación a regular los contenidos de las transmisiones de radio y televisión.

Tercero.- Que la Subsecretaría de Normatividad de Medios, de la Secretaría de Gobernación, aplique dentro de sus atribuciones el vetar o minimizar la difusión de las noticias tendientes al crimen organizado.

Mtro. Iván Olvera Rodríguez
Especialista en Comunicación Política
@iolverarodz