Dura lex, sed lex

FUERO Y REFORMA POLÍTICA

El origen del fuero aparece en la reforma constitucional de 1917 y se estableció en el artículo 61 de nuestra Constitución

Por Odette Rivas

“No dominar, servir”. 

H. A. Lorentz

El fuero constitucional del que gozan un buen número de servidores públicos de “alto nivel” es una inconsecuencia que debe desaparecer de nuestro sistema jurídico y de la Constitución, la forma de lograrlo está en la reforma política en puerta.

El origen del fuero aparece en la reforma constitucional de 1917 y se estableció en el artículo 61 de nuestra Constitución, cuyo objetivo fundamental era que las opiniones que manifestaran los diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones fueran inviolables, estamos hablando de épocas en las que los legisladores estaban realmente comprometidos con los ciudadanos y no con sus propios partidos y en ocasiones por sus expresiones, eran amenazados de muerte, por supuesto, que el artículo sólo protegía lo que manifestaran en la tribuna.

A partir de los años 80’s cuando el entonces presidente Miguel de la Madrid, inicia una campaña denominada “renovación moral de la sociedad” realiza modificaciones jurídicas encaminadas a regular las responsabilidades de los servidores públicos y modifica el artículo 110 de la Constitución que decía claramente “NO gozan de fuero constitucional los altos funcionarios de la Federación”, lo que hizo Miguel de la Madrid, fue darles ese fuero constitucional y a partir de ese momento, un gran número de servidores públicos mencionados en el título IV de la Constitución cuentan con esa inmunidad procesal, que implica que para poder procesar a un servidor público de los mencionados en ese título se requiera un procedimiento especial, para que respondan a la justicia, especialmente la penal, por lo que a veces los ciudadanos nos preguntamos ¿para qué necesitan esa inmunidad los servidores públicos, para cometer delitos impunemente?

Como queda claro, el origen del fuero constitucional fue completamente desviado y convertido en una esfera de impunidad, que facilita la ejecución de conductas, delictivas e incluso contrarias a los reglamentos, todos recordamos escenas televisivas de pseudo legisladores y servidores públicos, orinando en la vía pública, insultando a los policías que no los detienen por el llamado “fuero” y no olvidemos los hechos lamentables en que se realizó el mal llamado procedimiento de desafuero, que en realidad se llama “juicio de procedencia de la acción penal” en el que el Ministerio Público o el Procurador General de la República, no realizaron la denuncia ante el juez penal lo que impidió que incumplimientos de sentencias de amparo que supuestamente protegen a los particulares en contra de actos de los servidores públicos no fueran cumplidas y el funcionario público sancionado como lo establece la ley con destitución del cargo y la sanción que ordene el juez penal, por lo que dicho funcionario no recibió ningún castigo por violar la ley.

De ahí la urgencia de que se elimine el mal llamado “fuero constitucional” pues la Constitución establece que supuestamente todos los que habitamos en el territorio nacional, somos iguales ante la ley, esa mala utilización del fuero lo que hace es fomentar la impunidad y evitar las sanciones a los servidores públicos que abusan del ejercicio de su encargo, sin olvidar la notoria diferencia y desigualdad en la que estamos los ciudadanos comunes y corrientes.

No es necesario que los servidores públicos requieran de una inmunidad especial para el desempeño de su encargo, sin fuero estarían más preocupados por desempeñar adecuadamente su cargo y ser más eficientes y eficaces, su conducta sería de quienes saben que su vida es ejemplo para la sociedad a la que dirigen su trabajo y no la incongruencia vigente entre su decir y su actuar.

Pero usted, ¿qué opina?