Editorial
Cuando Felipe Calderón ordenó iniciar el procedimiento para retirar las concesiones vigentes en la banda de 2.5 Gigahertz (Ghz) que están en manos de MVS Comunicaciones, se evidenció la fragilidad con que el Estado mexicano opera este sector, por lo que más allá del litigio por venir, Enrique Peña Nieto tiene frente a sí acelerar en el corto plazo, el proceso de definición respecto al tema del Internet móvil debido a que ese medio se ha rezagado en México.
MVS Comunicaciones posee casi 190 Megahertz (Mhz) en la banda de 2.5 Ghz, para dar servicio de televisión por microondas e Internet
MVS no puede ofrecer los servicios de banda ancha, a través de la banda de 2.5GHz, ya que se encuentra en litigio con la autoridad; 40.6 millones de mexicanos son los que tienen acceso al servicio de internet; 400 millones de dólares es la inversión inicial para la banda de 2.5 GHz que se encuentra detenida; 50 MB de subida y 150 MB de bajada es la capacidad de conexión que se logra en la banda de 2.5 GHz.
Los avances de la tecnología permiten que en este espectro se puedan ofrecer servicios de banda ancha con velocidades superiores a las que se alcanzan con la tecnología de Tercera Generación (3G).
Esto implica cambios en el valor de mercado de estas frecuencias, pero sobre todo, implica la posibilidad de llevar más servicios a la población de todo el país, en mejores condiciones de alcance, calidad y precio, argumenta el Gobierno federal.
Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón se realizaron diversas negociaciones para aprovechar la concesión, incluso se llegó a ver con muy buenos ojos la propuesta realizada por Joaquín Vargas para crear un consorcio entre las empresas Intel, Clearwire y Alestra.
Pero hubo muchos intereses en juego, particularmente los que afectaban a Televisa, de Emilio Azcárraga y Tv Azteca, de Ricardo Salinas Pliego quienes ofrecieron feroz resistencia a este acuerdo hasta que lo tumbaron, pese a que Vargas contaba con el apoyo tácito de Carlos Slim.
De hecho desde Chapultepec 18 se vieron signos de preocupación por el hecho de que en el país no se cumplan las recomendaciones que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) hizo desde el año 2008, donde se recomendó a México la reordenación de la banda de 2.5 GHz.
La empresa, que preside Emilio Azcárraga, argumentó que “en todo el mundo esta banda (2.5 GHz) se está ordenando justo para que haya más competencia y no monopolios como el que MVS quiere formar”.
Frente a este escenario Vargas exigió al Gobierno federal definir si quiere competencia o recaudación en materia de banda ancha.
Durante la 18 Reunión del Círculo de Montevideo fue tajante al argumentar: “tienen que definir qué quieren, competencia o recaudación y no lo han hecho, ese es el problema, una falta de política pública de telecomunicaciones en la que no está definido si quieren competencia o recaudación; si no se resuelve en esta Administración ojalá que la próxima lo haga”.
Por eso desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se operó, bajo el consentimiento de Los Pinos una estrategia donde todo hiciera parecer que el grave problema en torno era el dinero.
Y cómo no sí la banda vale mucho y la contratación era muy costosa, se fue a negociaciones con Hacienda, donde no se pudo transitar, pues ella pidió que se diera lo de la licitación 212021.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que el precio a pagar por la renovación de las concesiones era de 6 mil millones de dólares, mientras que la empresa de Joaquín Vargas decía que valía 600 millones de dólares, por lo que la diferencia era de diez por una.
La banda retirada a MVS era utilizada para dar televisión, la cual, a su vez, favorecería la transformación del Internet y del Internet móvil, la cual podría mejorar la utilización del servicio de los dispositivos denominados tabletas.
Por eso el anuncio de Dionisio Pérez-Jácome, secretario de Comunicaciones y Transportes solo fue de muerte por necesidad para MVS.
“Quisiera que quede bien claro que en las etapas probatoria y de alegatos, los concesionarios tendrán siempre la opción de sumarse a la política pública del gobierno federal, y unirse así a la posibilidad de utilizar eficientemente sus concesiones”, resaltó el funcionario.
Pérez-Jácome acusa que “MVS no aceptó ninguna de las propuestas. Sin duda, ellos también pusieron sobre la mesa algunas alternativas, pero estas fueron inaceptables, ya sea porque no aseguraban la explotación eficiente del espectro o no cumplían con las mejores condiciones económicas para el Estado”.
La conclusión del retiro de las concesiones de la banda de 2.5 Ghz a la empresa de MVS aún tardará, esto debido a que la empresa comandada por Joaquín Vargas ha interpuesto cerca de 100 amparos, esto debido a que eran concesiones que ya habían sido asignadas.
