SERGIO TE LO PLATICA: LA PROPUESTA (PRIMERA PARTE)

Un déficit de la iniciativa es que nada se menciona de la relación de la empresa con su sindicato y, particularmente, con el liderazgo del gremio petrolero

Por Sergio Uzeta/@UZETASUM

SUM1Trascendente es la palabra que me vino a la mente al escuchar al presidente Enrique Peña Nieto cuando presentó, el pasado lunes, su propuesta de iniciativa de Reforma Energética. Al escuchar al Presidente me imaginé a la cantidad de personas que trabajaron en la confección de la iniciativa que en ese momento presentaba a los mexicanos.

Palabras cuidadas al extremo, términos exactos para evitar cualquier tufo de privatización en la narrativa presidencial. Incluso llamó la atención que se hiciera referencia al texto del artículo 27 constitucional propuesto por el presidente Lázaro Cárdenas, tras la expropiación de la industria petrolera en 1938.

Revisemos la primera parte de la iniciativa presidencial. En primer término llama la atención el concepto de los “contratos de utilidad compartida”, que permitan mantener el control sobre el petróleo. No se habla de concesiones. Se menciona el término contratos.

Una concesión implicaría que los inversionistas privados, nacionales o extranjeros, que participen en las labores de extracción de petróleo crudo o gas, obtendrían alguna parte de la renta petrolera.

Un contrato de utilidad compartida tiene que ver con un acuerdo donde el riesgo es compartido. El riesgo de explorar, extraer y obtener utilidades sobre la cantidad de petróleo o gas extraído. Pero sin tocar para nada el producto del subsuelo que únicamente corresponde a la nación.

Aquí no se puede hablar de privatización del recurso. Se trata de contratos que permitirán extraer la riqueza que hay en el subsuelo o en las aguas profundas de nuestros mares.

Otro punto destacado es el nuevo régimen fiscal de Pemex. Este es un asunto urgente, que le debe permitir a la empresa petrolera nacional un mayor margen de maniobra para disponer de los recursos que obtiene por la extracción y venta de los productos derivados del petróleo. En la actualidad, Pemex prácticamente se ha convertido en la caja grande del gobierno para financiar el gasto público. Por lo menos 40 centavos de cada peso del presupuesto federal provienen de esta entidad paraestatal.

Urge modificar esto, pero de manera paralela a una reforma fiscal profunda que permita sanear a la empresa, capitalizarla y sustituir el producto de la renta petrolera con otras fuentes de ingreso para el presupuesto nacional.

En la iniciativa se propone reestructurar a Pemex para mejorar sus operaciones. Se plantea dividir a la empresa en dos áreas: una dedicada a la exploración y producción y, otra, a la transformación industrial. Es una buena medida que evitará la dispersión de esfuerzos y recursos. En la actualidad Petróleos Mexicanos cuenta con cuatro subsidiarias que muchas de las veces no jalan parejo y propician que exista una empresa dividida.

Concentrar los esfuerzos permitirá mejores prácticas corporativas y una mejor aplicación de los recursos que utiliza la paraestatal.

Esto viene aparejado a una mayor transparencia al interior de Pemex. Urge que la opacidad sea desterrada de la empresa. En la mayoría de las veces, los esfuerzos se atoran en una especie de pantano de corrupción e ineptitud que muy caro le han costado al país.

Un déficit de la iniciativa es que nada se menciona de la relación de la empresa con su sindicato y, particularmente, con el liderazgo del gremio petrolero. Para todo mundo es sabido el dispendio y la corrupción que rodean a la cabeza del sindicato y a su séquito más cercano.

Pero la propuesta, en términos generales, es un paso adelante en la dirección correcta. No se va al extremo propuesto por el PAN, y se busca desmitificar aquella historia, cuna de la identidad nacional, del general Cárdenas que al expropiar la industria petrolera condenó al país a la leyenda del oro negro que no podía ser tocado por las “sucias manos” del capital privado.

En la próxima entrega analizaremos el otro componente de la iniciativa presidencial. El que tiene que ver con la industria eléctrica y la imperiosa necesidad de modernizarla.