La iniciativa para reducir las ‘pensiones doradas’, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, abre la puerta a una nueva reforma que ayude a homologar las pensiones de exfuncionarios, y que de acuerdo con especialistas consultados, es necesaria desde hace tiempo.
Alejandra Macías Sánchez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), aseguró que, al igual que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ahora se aliste una reforma mayor al sistema de pensiones en México.
Dicha reforma ayudaría a homologar las pensiones que reciben exfuncionarios de instituciones públicas como Pemex, CFE o Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Poder hacer estos estos cambios de una vez, ya que vamos tarde, porque tenemos una población que está envejeciendo. No recaudamos lo suficiente y cada vez gastamos más en pensiones. Entonces, la verdad esto urge
señaló Macías Sánchez.
En entrevista para EL CEO, la economista alertó que existen al menos 1,000 subsistemas de pensiones en todo el país, que representan 6% del Producto Interno Bruto (PIB); sin embargo, dicha cifra incrementa cada año.
¿Por qué ellos (los exfuncionarios) tienen una ‘pensionsota’ y no todos? Justamente por eso, porque los requisitos y beneficios son diferentes. Tenemos más de 1,000 subsistemas de pensiones en el país, pero, ¿quién los controla?, ¿quién los regula?”
cuestionó.
Peligrosa la falta de análisis con pensiones
La directiva del CIEP acusó que la reforma, que ayudaría a disminuir el costo que las ‘pensiones doradas’ causan al erario público, no cuenta con un análisis de fondo que determine los parámetros a tomar en cuenta para fijar un tope.
Además, Macías Sánchez advirtió que un monto de 70,000 pesos mensuales, como plantea la iniciativa que Sheinbaum presentó durante la conferencia matutina del pasado 18 de febrero, sigue siendo alto.
Veo riesgoso que se tome como referencia el sueldo de la presidenta, me parece que lo que se tiene que hacer de manera muy seria es revisar contribuciones, beneficios, y ajustar en concordancia
mencionó.
Macías Sánchez dijo que la reforma no resolverá el problema de fondo, aunque reconoció que significa un avance para invertirlo en otros rubros como educación, infraestructura o salud.
Ambigua la reforma
Por su parte, el profesor y fundador del CIEP, Héctor Villarreal, explicó que persisten ambigüedades en la reforma, ya que no se sabe si incluirá a trabajadores sindicalizados o si habrá retroactividad, lo que podría derivar en litigios.
El riesgo ahí es que empiecen los amparos y esto termine en el Poder Judicial. Sabemos que considera a los empleados de confianza, pero no incluye los contratos colectivos de sindicatos
refirió el académico del Tecnológico de Monterrey.
Agregó que existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que toman en cuenta a las pensiones, no como una concesión gratuita, sino como un derecho adquirido donde los trabajadores aportan toda su vida laboral.
