Muchos jubilados afectados por la reforma para reducir pensiones tramitaron amparos, aunque existe la posibilidad de que sus asuntos no procedan por la llamada supremacía constitucional, que evita recursos legales en contra de reformas constitucionales.
En el caso de las pensiones de la CFE, el abogado Gustavo Ordaz Sánchez, socio de OG Consultores, presentó una serie de amparos en contra de la decisión de reducir las pensiones, lo que es una manera de lidiar con el rechazo de los asuntos por la supremacía constitucional, ya que se enfocan en la aplicación de la reforma y no en la ley en sí.
La mayoría de las pensiones son derivadas de un dictamen donde se califica qué integra el universo de la pensión, sin embargo, a lo que nos hemos enfrentado es que la mayoría de las autoridades lo único que hicieron fue, a rajatabla, disminuir la pensión por abajo de los 70,000 pesos”, explicó Ordaz Sánchez.
En entrevista para EL CEO, el litigante experto en temas constitucionales acusó que a muchos pensionados no les avisaron sobre la reducción de sus pensiones en la última quincena de abril y es cuando se dieron cuenta que les recortaron.
Agregó que lo que lidian es que varios empleados de la empresa productiva del Estado contaban con un contrato colectivo de trabajo, en el cual las pensiones formaban parte y que además las pensiones tomaban en cuenta las prestaciones de los trabajadores, por lo que, si se buscan reducirse, tiene que ser de manera individual.
La gran problemática que hay es que se debería hacer una revisión de cada uno de los casos, porque en muchos casos el sueldo deriva de una suma de prestaciones que las prestaciones vienen en las condiciones generales, y de acuerdo con la misma reforma”, comentó Ordaz Sánchez.
Amparos por pensiones pueden llegar a Corte Interamericana
Guillermo Ordaz señaló que existe la posibilidad que estos amparos lleguen eventualmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pero, previo a eso se tendrían que lidiar con todo el sistema de justicia mexicano.
Comentó que, en México, la forma ideal de proteger al ciudadano en estos casos es por medio del amparo.
“Sigue una serie de reglas dentro del procedimiento que puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, donde incluso, con su facultad de atracción… podrían ser ellos quienes resuelvan de última instancia”, aseguró.
Agregó que el otro paso es recurrir a instancias internacionales, como es el Sistema Interamericano, pero ahí las demandas podrían demorar entre 5 y 10 años en que las resuelvan.
Amparos ni los admiten
Por otro lado, el abogado Juvenal Lobato Díaz consideró que existen varias dificultades, pero la admisión de las demandas es de las principales.
Para quienes lo promovieron, la dificultad más importante de entrada se presenta con la admisión de la demanda. Como lo hemos visto de las que se presentaron a los pocos días de que entró en vigor el decreto, prácticamente se las desecharon. Entiendo que esta semana prácticamente vencían los plazos y había muchos abogados las han presentado”, comentó Lobato Díaz.
El litigante criticó que, por razones políticas, los casos se centralizaron en los juzgados Primero, Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa y el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, todos del Primer Circuito y se centralicen los asuntos, más que por una medida legal o jurisdiccional.
El mecanismo sirve para centralizar y controlar que las decisiones que se tomen (los jueces) sean las mismas, sean uniformes y no sean contradictorias, pero yo diría que es más por un control político”, indicó Lobato Díaz.
