El Gobierno federal ajusta compromisos heredados con la FIFA, preserva la legalidad fiscal y potencia el impacto económico del torneo.
El Gobierno de México informó sobre las acciones emprendidas para delimitar el alcance de la Garantía Gubernamental asociada a la Copa Mundial FIFA 2026, firmada en 2018, con el objetivo de alinearla al marco jurídico nacional y garantizar certidumbre fiscal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se sostuvieron mesas técnicas con la FIFA y la FEMEXFUT para acotar los beneficios originalmente planteados, que contemplaban exenciones amplias hasta 2028.
Como resultado de acuerdos de entendimiento mutuo —sin litigios— se logró limitar la vigencia de la garantía exclusivamente al ejercicio fiscal 2026, incorporando una norma habilitante en la Ley de Ingresos de la Federación 2026 aprobada por el Congreso. De esta forma, los beneficios fiscales aplican solo a los sujetos directamente involucrados en la organización del Mundial y se restringen a la liberación de ciertas obligaciones formales y de entero. Terceros no contemplados deberán pagar ISR conforme a ley.
En materia aduanera, se publicaron instrumentos para facilitar la importación temporal vinculada al torneo, incluyendo procedimientos simplificados y exención del DTA, con controles que serán emitidos por el Servicio de Administración Tributaria hasta diciembre de 2026. La transparencia se reforzó con publicaciones en el Diario Oficial de la Federación y portales oficiales.
El Mundial 2026: impacto país
México será el único país en la historia en albergar una Copa del Mundo por tercera ocasión (1970, 1986 y 2026). En esta edición, compartirá la sede con Estados Unidos y Canadá, con partidos en ciudades clave del país y una plataforma global sin precedentes para promoción turística, inversión y marca país.
De acuerdo con la Secretaría de Turismo, se estima la llegada de más de 5.5 millones de turistas internacionales adicionales y una derrama de hasta 3 mil millones de dólares, con efectos positivos en empleo, servicios, infraestructura y cadenas productivas locales.
Con estas medidas, el Estado mexicano honra compromisos internacionales, protege la recaudación y maximiza el legado económico y reputacional del Mundial 2026.
