No hay en México un movimiento que haya sido más ambientalista que la Cuarta Transformación. Reto a quien sea a demostrar lo contrario. No lo digo desde la consigna ni desde la comodidad del escritorio: mi convicción nace del territorio y de los hechos verificables.
En Quintana Roo el medio ambiente significa sustento, trabajo, identidad y futuro. Aquí, si se rompe el equilibrio entre naturaleza y sociedad, se rompe todo: la pesca, el empleo, la cohesión social. Por eso esta historia no se puede contar desde una oficina en la capital; se tiene que contar desde la selva, desde el mar, desde las comunidades que viven del territorio y lo cuidan todos los días.
El modelo que fracasó: neoliberalismo y devastación
Durante los gobiernos del PRIAN, México vivió bajo un modelo neoliberal que convirtió a la naturaleza en mercancía y al Estado en espectador, cuando no en cómplice. Se autorizó la privatización de playas, la sobreexplotación de acuíferos, la fragmentación de ecosistemas por infraestructura sin planeación y la extracción masiva de recursos naturales sin restauración ni responsabilidad social.
Ese modelo dejó una herencia clara y documentada por las propias instituciones ambientales: pérdida de cobertura forestal, deterioro de arrecifes, contaminación de suelos y agua, y comunidades excluidas de los beneficios del desarrollo. No fue un accidente: fue una forma de gobernar que privilegió el negocio por encima del medio ambiente.
El quiebre histórico: territorio como patrimonio del pueblo
La Cuarta Transformación rompió con esa lógica. No solo en lo social, también en lo ambiental. Cambió el eje de decisión: el territorio dejó de verse como botín y empezó a entenderse como patrimonio del pueblo.
Hoy Quintana Roo cuenta con más de 1.5 millones de hectáreas bajo algún régimen de protección ambiental, lo que equivale aproximadamente al 34 % del territorio estatal, de acuerdo con registros oficiales de áreas naturales protegidas federales y estatales. Esa cifra no es retórica ni casualidad: es el resultado de decisiones políticas concretas que colocaron al medio ambiente por encima del negocio y al largo plazo por encima del saqueo.
Este avance se inscribe en una política nacional que fortaleció la conservación, la vigilancia y el reconocimiento del valor ambiental del territorio, particularmente en regiones históricamente presionadas por intereses económicos.
De estados subordinados a estados que deciden
Este cambio tampoco ocurrió en aislamiento. Por primera vez, las entidades federativas participan de manera real y sustantiva en la política ambiental nacional. Lo afirmo desde la Presidencia de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE): los estados dejamos de ser ejecutores pasivos de decisiones centralizadas y hoy incidimos activamente en la agenda climática del país.
Un ejemplo concreto es la construcción y actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) rumbo a la COP30, un compromiso internacional asumido por México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Construimos en equipo con SEMARNAT esta hoja de ruta climática incorporando la realidad territorial, las capacidades locales y la corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno. Se acabó la simulación de escuchar a los gobiernos subnacionales: hoy hay consenso, coordinación y responsabilidad compartida.
El ambientalismo político-electoral y el caso Tren Maya
Este nuevo paradigma incomodó a quienes nunca hicieron del medio ambiente una prioridad. Hoy, muchos detractores de la Cuarta Transformación utilizan un ambientalismo político-electoral, cuyo interés principal es la confrontación política más que la protección ambiental. Es más contra la 4T que a favor del medio ambiente.
El caso del Tren Maya es el ejemplo más claro. Durante años se intentó imponer la narrativa del “ecocidio”. Sin embargo, el análisis de los procesos regulatorios, los datos oficiales y la conversación pública —documentado por el diputado federal Joaquín Zebadúa— demuestra algo fundamental: gran parte de esa crítica no fue ambiental, fue política.
Según este análisis, la evidencia indica que la inmensa mayoría de lo dicho sobre el Tren Maya en redes sociales carece de sustento técnico y responde, en cambio, a una dinámica de confrontación ideológica y capitalización mediática y digital. Los picos de conversación entre 2021 y 2025 no coinciden con los periodos de mayor impacto ambiental ni con hitos técnicos de la obra, sino con coyunturas políticas.
No es que el Tren Maya no haya generado impactos o que no existan áreas de oportunidad en su regularización —las cuales han sido reconocidas y atendidas por las autoridades ambientales conforme a los procesos institucionales encabezados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales—, sino que resulta injusto construir una narrativa sesgada para presentar a la Cuarta Transformación como ajena al ambientalismo.
Existe evidencia robusta de que la percepción territorial es distinta a la conversación digital. De acuerdo con el estudio Entorno a Ti (2025), 66 % de los mexicanos considera que el Tren Maya es una obra necesaria para el desarrollo regional, siempre que se minimicen los impactos ambientales. Estos datos confirman la distancia entre la narrativa digital y la percepción en territorio.
Ambientalismo del norte vs. ambientalismo del sur
Aquí emerge una verdad incómoda: existe un ambientalismo elitista y centralista —el ambientalismo del norte— que pretende decidir desde lejos qué regiones pueden avanzar y cuáles deben permanecer en el rezago.
La Cuarta Transformación rompió con esa visión. El Tren Maya incorporó estudios de impacto ambiental, medidas de mitigación, pasos de fauna, restauración ecológica y monitoreo como nunca antes se exigió en una obra de esta magnitud en México. Pero, sobre todo, incorporó justicia territorial, porque no hay justicia ambiental sin justicia social.
De ahí surge un nuevo enfoque: el ambientalismo del sur. Un ambientalismo que parte de una verdad sencilla pero profunda: no se puede proteger la naturaleza condenando a las comunidades a la pobreza. Es un ambientalismo que nace del territorio, que entiende que la selva, el agua y el mar son vida, trabajo y cultura. A diferencia del ambientalismo que conserva excluyendo, el ambientalismo del sur protege integrando, con participación comunitaria y responsabilidad ambiental.
Hechos que sostienen el discurso
La Cuarta Transformación opera bajo esta lógica con acciones concretas. En Quintana Roo, el sargazo se abordó no como un problema cosmético, sino como un fenómeno ambiental y económico complejo. Se creó el primer Centro de Monitoreo del Sargazo en México, con observación satelital para anticipar arribos; se instalaron 17 kilómetros de barreras antisargazo; y se avanzó en esquemas de economía circular, transformando el sargazo en insumo energético mediante proyectos de biogás.
En Cozumel, la revocación definitiva del cuarto muelle por parte de la autoridad ambiental federal marcó un precedente: el desarrollo no puede imponerse sobre los ecosistemas. Se protegió un arrecife y se respetó el mandato ciudadano frente a un proyecto que pretendía generar un impacto ambiental irreversible.
Restaurar lo que se destruyó
El cambio no fue solo conservar lo que quedaba, sino empezar a reparar el daño. La Ley General de Economía Circular, aprobada por el Congreso, cerró la puerta al modelo de usar y tirar. El Programa Nacional de Restauración Ambiental 2025–2030 reconoció oficialmente una deuda ecológica del Estado mexicano y construyó un plan para hacerle frente.
En Quintana Roo, programas como Transforma y Recolecta y Recicla por tu Futuro permitieron recuperar toneladas de residuos valorizables, llantas y residuos electrónicos, evitando que terminaran contaminando suelo, selva o mar. Son acciones locales con impacto ambiental real.
Bienestar animal: de la ética a la ley
La Cuarta Transformación también cambió la relación del Estado con los animales. La reforma constitucional en materia de bienestar animal, impulsada por la 4T, elevó esta protección a rango constitucional, convirtiéndola en obligación jurídica. De ahí se desprende la Ley Mincho, que puso fin al cautiverio y explotación de delfines y mamíferos marinos. Cuando la ley cambia, la realidad empieza a cambiar.
El reto sigue en pie
Cuando lanzo este reto no lo hago al aire ni por consigna. Lo hago desde la comparación histórica. Que alguien muestre otro movimiento político que haya protegido más territorio, fortalecido más la ley ambiental, defendido con mayor firmeza la soberanía, incorporado justicia social a la agenda ecológica y pasado del escritorio al territorio.
La historia es clara: el antes fue saqueo, simulación y abandono. El presente es un Estado activo, cercano a la comunidad y con decisiones firmes.
Por eso reitero, sin ambigüedades: reto a quien sea a demostrarme que la Cuarta Transformación no es el movimiento más ambientalista de México.
Por Óscar Rébora Aguilera
Secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo
Presidente de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE)
