La extorsión telefónica, el fraude digital y el robo de identidad se ubicaron en 2025 como los delitos financieros de mayor crecimiento en el país, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Durante su informe semanal, la dependencia federal explicó que la digitalización acelerada de servicios bancarios y el incremento del comercio electrónico han derivado en nuevos métodos de engaño que afectan tanto a usuarios individuales como a pequeñas empresas.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que, entre enero y noviembre de 2025, recibió más de 118 mil reportes relacionados con extorsión, amenazas, fraudes y suplantación de identidad. Tan solo en noviembre, se registraron 12 mil 300 casos, cifra 18 % superior al mismo mes de 2024. El organismo explicó que los fraudes más frecuentes incluyen préstamos exprés desde aplicaciones no reguladas, enlaces falsos enviados por WhatsApp y llamadas donde se suplanta identidades de instituciones bancarias.
A nivel regulatorio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió este trimestre nuevas alertas sobre apps de crédito que operan sin autorización, portales falsos que simulan entidades financieras y correos de phishing que utilizan logos de bancos. El organismo reiteró que todas las instituciones serias están registradas en el SIPRES e instó a los usuarios a verificar antes de entregar datos personales o bancarios.
En el contexto de este incremento delictivo, el empresario financiero Manuel Herrejón Suárez, especialista en mercado cambiario y en gestión de proyectos financieros, señaló que el problema se agrava por la baja educación financiera y digital.
“La mayoría de las extorsiones se apoyan en la falta de información. La gente confía en números desconocidos, aplicaciones no verificadas o supuestas ofertas crediticias. Esa brecha de conocimiento está generando pérdidas económicas significativas”, explicó.
Herrejón subrayó que, además del daño individual, la extorsión genera efectos macroeconómicos: reduce la confianza en canales digitales, incrementa los costos operativos de instituciones financieras y afecta la bancarización. Consideró positivo que la CNBV y la SSPC estén trabajando de manera coordinada, pero enfatizó que “la prevención debe convertirse en política pública permanente”, especialmente en 2026, año en que se espera un crecimiento adicional del comercio digital y de servicios bancarios móviles.
Asimismo, Manuel Herrejón destacó la necesidad de campañas educativas masivas que enseñen a identificar enlaces falsos, verificar entidades financieras y entender cómo funciona el sistema de crédito formal.
“La protección no puede depender solo de la policía o los bancos. Requiere que la ciudadanía conozca los riesgos y sepa cómo actuar”, concluyó.
