La Presidenta ratifica que la iniciativa se presentará el 20 de noviembre e irá acompañada de un aumento salarial; legisladores anticipan una aplicación gradual y con transición ordenada.
El Gobierno de México formalizará el próximo 20 de noviembre la iniciativa para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, una de las reformas sociales más esperadas por trabajadores, legisladores y organismos laborales. La propuesta, elaborada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tras meses de foros y mesas técnicas, será enviada al Congreso como iniciativa preferente de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria confirmó esta semana que la reforma sigue el calendario previsto y estará acompañada de una política complementaria: incrementar el salario mínimo para garantizar que la transición no implique pérdidas de ingreso.
“La idea es que sean 40 horas y continúe aumentando el salario. Que no sea una por la otra, ni un pretexto para no avanzar”, señaló Sheinbaum durante su conferencia matutina.
Un consenso técnico y político en construcción
De acuerdo con legisladores consultados, la Cámara de Diputados desechará las 10 iniciativas previas relacionadas al tema para concentrarse en el texto que enviará el Ejecutivo. La diputada Patricia Mercado, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, afirmó que el debate actual ya no es sobre la pertinencia de la reforma, sino sobre cómo implementarla.
“Están todos los elementos en la mesa. Ya nadie dice que no. La discusión ahora es el tipo de gradualidad. Nosotros proponemos dos años, pero hay otras alternativas”, explicó la legisladora de Movimiento Ciudadano.
El proyecto contempla que la nueva jornada se organice bajo el esquema cinco días de trabajo por dos de descanso, sin que necesariamente correspondan a sábado y domingo. También se discute la posibilidad de aplicar pruebas piloto en sectores estratégicos, especialmente en actividades con alta rotación o jornadas extensas.
Implementación y calendario
Fuentes laborales y parlamentarias coinciden en que la reforma podría entrar en vigor en el primer trimestre de 2026, dependiendo de la velocidad del dictamen en San Lázaro y del posterior análisis en el Senado.
Uno de los puntos sensibles es la incorporación del sector primario, donde se busca reconocer únicamente a trabajadores agrícolas con relación laboral formal, a fin de no generar distorsiones operativas en regiones de alta informalidad.
Pese a que los tiempos legislativos son ajustados, avanzar en un dictamen antes del cierre del actual periodo enviaría una “señal política de compromiso” del Ejecutivo y del Congreso para concretar el cambio, considerado uno de los 60 compromisos del gobierno de Sheinbaum.
Un cambio esperado por trabajadores y observado con cautela por empresas
Especialistas laborales destacan que el envío de la iniciativa marca un avance relevante.
“Ya se logró una alineación entre los actores principales. Lo importante ahora será el contenido normativo para lograr una transición ordenada y exitosa”, señaló Germán de la Garza, socio director de Fisher Phillips.
El sector empresarial ha pedido que el texto final incluya criterios de gradualidad, flexibilidad operativa y claridad en los costos laborales asociados. De acuerdo con fuentes consultadas, el documento presidencial recogerá varias de sus inquietudes.
Con esta reforma, México se alinearía a estándares internacionales que privilegian jornadas más cortas, descanso efectivo y productividad basada en eficiencia laboral.
