La salida del fiscal general abre un proceso clave para el gobierno de Sheinbaum en medio de tensiones por seguridad y gobernabilidad.
La renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República tomó fuerza en cuestión de horas y, finalmente, se confirmó este jueves tras la lectura de su carta ante el Senado. En el documento, Gertz informó que la presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció un cargo diplomático como embajador en “un país amigo”, propuesta que aceptó, marcando así el cierre de su gestión iniciada en 2019.
“Me retiro de mi actual cargo como fiscal general de la República”, escribió, subrayando que esta nueva encomienda representa para él una continuación de su vocación de servicio público.
El Senado aprobó su renuncia con 74 votos a favor y 22 en contra, sellando un movimiento que se da en un momento particularmente delicado para el país, atravesado por una creciente presión debido a la crisis de seguridad y a episodios recientes como el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en Michoacán.
Horas antes, Sheinbaum había reconocido que revisaba un documento del Senado, sin confirmar la renuncia. Tras la votación, la presidenta destacó la coordinación que sostuvo con Gertz, pero planteó la necesidad de reforzar el trabajo conjunto con las fiscalías estatales.
Con la salida del fiscal, inicia un proceso institucional clave: el Senado deberá integrar una lista de 10 aspirantes y enviarla a la Presidencia. A partir de ella, Sheinbaum definirá una terna que volverá al Legislativo, donde se elegirá al nuevo titular de la FGR mediante voto de mayoría calificada.
Se trata de un movimiento estratégico con impacto directo en el equilibrio político, el sistema de justicia y la narrativa gubernamental sobre seguridad pública rumbo a 2026.
