El dictamen conserva concesiones agrícolas, modifica plazos, crea el REPNA y elimina la “seguridad hídrica” como causal de reducción de volúmenes, mientras oposición acusa “parches” y centralización.
La Cámara de Diputados tiene listo el dictamen de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, tras incorporar al menos 50 modificaciones al proyecto original enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Los cambios responden a la presión de organizaciones campesinas que durante la semana realizaron bloqueos y protestas en diversas entidades.
El documento será discutido el miércoles en la Comisión de Recursos Hidráulicos y el jueves en el pleno, con ajustes que buscan dar certidumbre en temas clave como la continuidad de concesiones, transmisión de derechos y plazos para trámites.
Ajustes clave a concesiones y transmisión de derechos
Uno de los cambios más relevantes es la precisión del artículo 49, el cual ahora establece que cuando un terreno vinculado a una concesión sea vendido, heredado o transferido, los volúmenes y el uso del agua se mantendrán sin cambios. Esto elimina el riesgo de que la autoridad reasigne volúmenes en actividades agrícolas y pecuarias, como lo sugería la iniciativa original.
Se incorporó también el concepto de “Uso Agropecuario Familiar”, que protege sistemas productivos de subsistencia, una demanda histórica de campesinos.
Asimismo, se amplió el plazo para solicitar prórrogas de concesiones: de 1 año a 2 años y 6 meses antes del vencimiento, para evitar trámites precipitados.
Modernización institucional: nace el REPNA
El dictamen sustituye el Registro Público de Derechos de Agua por el Registro Nacional del Agua (REPNA), concebido como un sistema más claro y accesible que otorgue seguridad jurídica mediante la inscripción de títulos, asignaciones, permisos de descarga y sus modificaciones.
Además, se reduce el tiempo de respuesta de la Conagua: la autoridad deberá resolver en máximo 20 días hábiles los casos de sucesión, transmisión de dominio y fusiones societarias relacionadas con concesiones.
Captación de lluvia, prohibiciones y ajustes sancionatorios
La reforma incorpora lineamientos para promover la captación de agua pluvial para uso personal, doméstico y agropecuario familiar. Cuando la captación tenga fines distintos, se requerirá autorización de Conagua.
También se establece la prohibición total para otorgar concesiones destinadas a depósitos de residuos mineros o aguas residuales de origen minero en cauces, vasos y zonas federales.
En otro giro, la nueva versión elimina el concepto de “seguridad hídrica” como causal para reducir volúmenes concesionados, una medida que había generado inconformidad en el campo.
En materia penal, se reducen las sanciones por desvío, acaparamiento u obstrucción del agua: la pena máxima pasa de 10 a 5 años y la multa baja de 4,000 a 2,000 UMA.
Reacciones encontradas: oposición acusa “maquillaje”
Aunque los ajustes buscan contener el descontento rural, PRI y PAN rechazaron la nueva versión del dictamen.
Rubén Moreira, líder del PRI en San Lázaro, afirmó que los cambios son “ambiguos, insuficientes y punitivos”, y que la iniciativa mantiene riesgos para productores pequeños.
El PAN, a través del vicecoordinador Héctor Saúl Téllez, calificó los cambios como “maquillaje” para frenar protestas, asegurando que la reforma centraliza el poder en la Federación y “pone en riesgo la certeza jurídica del campo”.
Lo que viene
El debate legislativo se perfila como uno de los más relevantes del cierre de 2025, en un contexto de estrés hídrico, conflictos con agricultores, presiones regionales y la necesidad creciente de infraestructura.
El dictamen podría modificarse nuevamente antes de su aprobación definitiva, según adelantaron legisladores de la mayoría.
